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RESUMEN DE LA SENTENCIA No. 8-20-CN/21. CASO No. 8-20-CN. (Limitación a la sustitución de la prisión preventiva)

Alejandro Borja

mayo 24, 2022

 

Autor: Byron Alejandro Borja Roldán.

RESUMEN DEL CASO

La presente sentencia constitucional, tiene su origen con la detención de dos ciudadanos en presunto delito flagrante. Posterior a ello, fue calificada la flagrancia y se formuló cargos por el delito de robo, tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, en adelante “COIP”. Además, se ordenó la prisión preventiva de los procesados. Los mentados ciudadanos, amparados en el artículo 521 del COIP, solicitaron se convoque a audiencia, a fin de analizar la sustitución de medida cautelar. Esta se llevó a cabo 09 de marzo de 2020; y, durante el transcurso de la misma, la Jueza decidió suspenderla; y, elevar en consulta la constitucionalidad del artículo 536 del COIP. El proceso fue admitido a trámite el 04 de junio de 2020. Así las cosas, la presente sentencia analiza la constitucionalidad del artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, inciso primero, mismo que reza lo siguiente:

Art. 536.- Sustitución. La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años.

Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado.

Tampoco se podrá sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar cuando se trate de un caso de reincidencia. (COIP, 2014)

 

A los procesados se les acusó por el delito de robo, cuya pena privativa de libertad se sanciona de 5 a 7 años. En tal virtud, la Jueza consultante pudo advertir que, la sustitución de prisión preventiva no era prodecente en este caso. La operadora de justicia alegó que al dictar prisión preventiva se debe observar los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, recogidos por la Constitución e Instrumentos Internacionales. Sin embargo, el cuestionado artículo impone un candado legal, impidiendo el análisis de dichos principios. De igual forma, entra en conflicto con el artículo 77 numeral 1(la privación de libertad no será regla general); y, con el principio de mínima intervención penal. Finalmente,  advierte en el mismo artículo otra inconstitucionalidad, precisamente, cuando habla de “reincidencia”, esto antenta con el principio de no discrimanción, consagrado en artículo 11 numeral 2 de la Constitución.

En ese orden de ideas, la Jueza Ponente de la Corte Constitucional, omite analizar las alegaciones, sobre la inconstitucionalidad del inciso tercero, del artículo 536 del COIP, referente a la “reincidencia”. Sostuvo que no se encontraba vigente al momento de la consulta y no era aplicable al caso. De esta manera, la sentencia solo desarrolló la presunta inconstitucionalidad del artículo 536 inciso primero del COIP. El examen comienza con la utilidad de las medidas cautelares y la eficacia del proceso penal. El legislador ha pretendido con esto, salvaguardar la presencia del procesado, el cumplimento de una posible pena, prevenir destrucción de prueba, etc. Pese a ello, la Corte señala que, las medidas cautelares tienen naturaleza instrumental, lo que posibilita su sustitución en el evento de que las circunstancias varien, conforme lo dicta el artículo 521 del código en mención.

La Corte evidenció una tensión entre la eficacia del proceso penal y los derechos del procesado. Señaló que la prisión preventiva es una medida gravosa, la cual restringe la libertad ambulatoria, consagrada en el artículo 66 numeral 14 de la Constitución. Para la magistrada, la prisión preventiva se justifica cuando: persigue fines constitucionalmente validos; es idónea; es necesaria; y, es proporcional. Sin embargo, cuando varian las circunstancias, seguir con esta medida, implica incurrir en arbitrariedad. En concordancia con lo manifestado, cita instrumentos internacionales que pregonan por alternativas a esta medida y su constante revisión, tal es el caso de la Observación General No.35 del Comité de DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte reconoce que la Asamblea es un órgano que tiene legitimidad democrática, pero su limitación es el marco constitucional y los derechos de las personas. En conclusión, señala que la prohibición de sustitución de la prisión preventiva en infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años, del inciso primero del artículo 536 del COIP, contraviene la libertad ambulatoria y la prohibición de regla general, puesto que, no permite sustituirla cuando ha perdido el fundamento constitucional.

Dentro de la presente causa, existió un voto concurrente por parte del Juez Ávila Santamaría. En primer termino, cuestionó la omisión del analisis del inciso tercero del artículo 536 del COIP, por parte de la Jueza ponente, pues, a su criterio por el principio de conexidad podía ser traído a debate. Ya en el fondo del asunto, el magistrado observó este proceso, desde una visión dogmática. Invocó dos sistemas: el funcionalismo penal y el garantismo penal. En su voto concurrente, definió que nuestra constitución pertenece al garantismo penal, sin embargo, el COIP conserva vestigios del funcionalismo penal, un sistema que busca endurecer las penas y las restricciones a la libertad. Enfatizó que esta sentencia constituye un freno a dicho sistema y precisamente al artículo cuya constitucionalidad se cuestiona. La prisión preventiva no debe mirar requisitos formales-el arraigo-, sino caso por caso, atendiendo a las circunstancias sociales de los procesados. Para explicar el principio de proporcionalidad, efectuó una comparativa entre, los delitos contra la propiedad y los delitos de lesa humanidad. Otro de los argumentos utilizados en su voto concurrente, es la igualdad de armas, ya que la prisión preventiva contraviene este principio.

Referencias.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial 449 de 20 octubre de 2008.

Código Orgánico Integral Penal [COIP] (2014). Código Orgánico Integral Penal. Asamblea Nacional. Registro Oficial, Suplemento 180.

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. (2009). Registro Oficial Suplemento 52 de 22 de octubre de 2009.

Corte Constitucional del Ecuador [C.C] (18 de agosto de 2021). Sentencia No.8-20-CN. Caso No. 8-20-CN

 

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